Cuando se lanzó una edición ilustrada de “The Handmaid’s Tale” (“El cuento de la criada”) de Margaret Atwood en 2019, los educadores de Clayton, Missouri, decidieron incluir ejemplares en las bibliotecas de las escuelas secundarias. El libro es ampliamente considerado una obra clásica de la literatura distópica y aborda temas sobre la opresión a las mujeres, presentado en forma de novela gráfica lo ayudaría a llegar a los adolescentes que luchan con la comprensión de lectura.
Pero después de que los legisladores de Missouri aprobaran una ley en 2022 que sometía a los bibliotecarios a multas y posible encarcelamiento por permitir materiales sexualmente explícitos en las estanterías, el distrito suburbano de St. Louis reconsideró la nueva edición de Atwood y la retiró.
“Hay una representación de una escena de violación, una sirvienta siendo forzada a un acto sexual”, dice Tom Bober, coordinador de la biblioteca del distrito de Clayton y presidente de la Asociación de Bibliotecarios Escolares de Missouri. “Es literalmente una viñeta de la novela gráfica, pero sentimos que violaba la ley en Missouri”.
En todo Estados Unidos, las denuncias y prohibiciones de libros se han disparado a los niveles más altos en décadas. Las bibliotecas públicas y escolares se han visto inundadas de quejas de miembros de la comunidad y organizaciones conservadoras como Moms for Liberty. Cada vez más, los legisladores consideran nuevos castigos -demandas paralizantes, fuertes multas e incluso penas de prisión- por distribuir libros que algunos consideran inapropiados.
La tendencia se produce en un momento en que los funcionarios buscan definir términos como “obsceno” y “dañino”. Muchos de los conflictos involucran materiales con temas raciales y/o LGBTQ+, como la novela de Toni Morrison, “The Bluest Eye” (“Ojos azules”), y las memorias de Maia Kobabe, “Gender Queer”. Y aunque ningún bibliotecario o educador ha sido encarcelado, la amenaza por sí sola ha llevado a una mayor autocensura.
Tan sólo este año, los legisladores de más de 15 estados han presentado proyectos de ley para imponer duras sanciones a las bibliotecas o bibliotecarios.
Utah promulgó una legislación en marzo que faculta al Fiscal General del estado a hacer cumplir un nuevo sistema para impugnar y eliminar libros “sensibles” de los entornos escolares. La ley también crea un panel para monitorear el cumplimiento a la ley y las posibles infracciones.
A la espera de la firma del gobernador de Idaho, Brad Little, se encuentra un proyecto de ley que faculta a los fiscales locales a presentar cargos contra las bibliotecas públicas y escolares si no alejan los materiales “dañinos” de los menores de edad.
“Las leyes están diseñadas para limitar o eliminar las protecciones legales que las bibliotecas han tenido durante décadas”, dice Deborah Caldwell-Stone, directora de la Oficina de Libertad Intelectual de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas.
Desde principios de la década de 1960, instituciones que incluyen escuelas, bibliotecas y museos, así como los educadores, bibliotecarios y otros miembros del personal que distribuyen materiales a menores de edad han estado en gran medida exentos de costosas demandas o posibles cargos penales.
Estas protecciones comenzaron a aparecer en los estados a medida que Estados Unidos lidiaba con los estándares en torno a la obscenidad, que fue definida por la Corte Suprema en 1973.
Con un fallo votado por 5-4 en el caso Miller v. California, los jueces decidieron que los materiales obscenos no están protegidos automáticamente por la Primera Enmienda (que protege la libertad de expresión), y ofrecieron tres criterios que deben cumplirse para ser etiquetados como obscenos: si la obra, tomada en su conjunto, apela a un “interés lascivo”, si “la obra representa o describe, de una manera patentemente ofensiva, una conducta sexual específicamente definida por la ley estatal aplicable”, y si la obra carece de “valor literario, artístico, político o científico serio”.
Con el tiempo, casi todos los estados adoptaron protecciones para educadores, bibliotecarios y funcionarios de museos, entre otros, que proporcionan información a menores.
“Hasta hace poco, la policía y los fiscales no podían presentar cargos contra las bibliotecas públicas por materiales que incomodan a ciertas personas. Estas exenciones han evitado enjuiciamientos espurios a los maestros sobre el plan de estudios de salud y sexualidad, arte, teatro y materias difíciles en las clases de inglés”, afirma un informe de 2023 de EveryLibrary, un comité nacional de acción política que se opone a la censura.
Arkansas e Indiana pusieron en la mira a educadores y bibliotecarios con leyes de criminalización el año pasado. Tennessee criminalizó a los editores que proporcionan materiales “obscenos” a las escuelas públicas.
Algunos republicanos buscan sanciones y restricciones que se apliquen en todo el país. Al referirse a la “pornografía” en el prólogo del Proyecto 2025, el plan de Heritage Foundation para una posible segunda administración de Donald Trump, el presidente del grupo de derecha, Kevin Roberts, escribió que “las personas que la producen y distribuyen deberían ser encarceladas. Los educadores y bibliotecarios públicos que la suministran deben ser clasificados como delincuentes sexuales registrados”.
La versión de Arkansas fue bloqueada temporalmente por un juez federal después de que una coalición de bibliotecarios y editores desafiara la legalidad de someter a los bibliotecarios y vendedores de libros a cargos penales si proporcionan materiales “dañinos” a menores.
Los legisladores de Indiana eliminaron los “fines educativos” como defensa para los bibliotecarios escolares y educadores acusados de proporcionar a menores material “obsceno” o “dañino”, delitos graves punibles con hasta dos años y medio de cárcel y 10.000 dólares en multas. La ley también requiere catálogos públicos de lo que hay en cada biblioteca escolar y sistemas para responder a las denuncias.
La ley de Indiana entró en vigor el 1 de enero. Es probable que sea una cuestión de cuándo, no de si, se presenta una demanda, y la ansiedad ha creado un efecto escalofriante.
“Está infundiendo miedo en algunas personas. Es muy aterrador”, dijo Diane Rogers, bibliotecaria escolar que se desempeña como presidenta de la Federación de Bibliotecas de Indiana. “Si eres un maestro con licencia, el simple hecho de ser acusado de un delito grave potencialmente elimina tu licencia, incluso si te declaran inocente. Eso es algo muy serio”.
Rogers dijo que confía en que las bibliotecas escolares de Indiana no ofrecen materiales obscenos, pero ha visto informes de que algunos distritos han trasladado ciertos títulos a grupos de edad mayores o han requerido la aprobación de los padres de familia para revisarlos.
Una lista de PEN America muestra que 300 títulos fueron retirados de las bibliotecas escolares en 11 distritos de Missouri después de que los legisladores prohibieran en 2022 el material “sexualmente explícito”, punible con hasta un año de cárcel o una multa de 2.000 dólares. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Missouri y grupos bibliotecarios impugnaron la ley el año pasado, pero sigue vigente a la espera de una moción para que el estado intervenga.
“Gender Queer” es otro título que ya no está disponible para los estudiantes de secundaria en Clayton, donde los funcionarios del distrito recientemente centraron su atención en la novela gráfica de Mike Curato, “Flamer”, sobre un adolescente que lucha con su identidad sexual y cómo encajar en el campamento de los Boy Scouts. La Asociación Estadounidense de Bibliotecas incluyó a “Flamer” en su lista de los libros más cuestionados y prohibidos de 2023.
“Tuvimos muchas conversaciones sobre cómo interpretar la ley y no violarla”, dijo Bober. “Pero tampoco queríamos extralimitarnos y censurar nuestras colecciones. Con ‘Flamer’, no sentimos que estábamos violando la ley”.
